Premian diputados a notarios públicos
Por Nicté Madrigal, Periodico El Vigia|20 de Agosto

A partir de septiembre, luego de las reformas al Código Civil aprobadas de manera unánime por el Congreso del Estado, los ciudadanos estarán obligados a recurrir a los servicios de un notario público para celebrar contratos de compra-venta, o realizar un testamento, informó Mario García Salaiza.

El presidente del Colegio de Abogados Independientes y de Opinión Libre de Ensenada, informó que los legisladores locales "desaparecieron" los testamentos público cerrado, ológrafo, simplificado, privado, militar y marino.

Sólo en el 2014, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad (RPPC), 2 mil 941 testamentos ológrafos fueron depositados en la dependencia, por un costo de 235.80 pesos. (de acuerdo con la estrategia establecida en el Plan de Desarrollo Estatal 2014-2019).

Sin embargo, dijo el litigante, esta y otras modalidades que brindaban seguridad a personas con recursos limitados, después de más de dos décadas de ser utilizada, ya no estarán disponibles.

En la exposición de motivos del Dictamen 37, los diputados justificaron que la falta de asesoría jurídica al momento de su elaboración lo vuelve incompleto e ineficaz, además de que se requiere de mayores formalidades para su otorgamiento.

Asimismo, establecieron que no existe la posibilidad de verificar el contenido de los dos tantos, ni siquiera al momento de ser depositado en el RPPC.

Mario García indicó que aunado a ello, las operaciones jurídicas de enajenación de bienes inmuebles entre particulares, constitución o transmisión de derechos reales, o que garanticen un crédito, también tendrán que ser celebradas ante un notario.

Esta situación, una vez más atenta contra la economía de los ciudadanos, además de que se les otorgan a los notarios facultades que sólo debieran competer al Estado.

El abogado enfatizó en que la entrada en vigor de la reforma afectará a distintos sectores, entre ellos a los abogados, agentes inmobiliarios, ingenieros y topógrafos.

García Salaiza llamó a todos los interesados en involucrados en el tema, a sumarse para llamar a cuentas al Congreso del Estado, y que justifique su decisión de derogar los artículos del Código Civil, porque afectan la economía y la certidumbre jurídica de los bajacalifornianos.