Engañan con amparos a dueños de “chocolates”
0Periodico El Vigia|12 de Junio
Los gobernantes no quiere solucionar el problema, porque lo ven desde la afectación que tendrían en el lado político electoral

Ensenada, B. C.

Ofrecer un amparo a quienes son posesionarios de un auto "chocolate” es uno más de los muchos engaños que se han realizado en torno a la circulación irregular de vehículos extranjeros en Baja California, aseguró Sergio Bustamante Arvizu, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada.

Aseguró que quien solicite un amparo para protegerse del decomiso de ese tipo de unidades será rechazado por el juez, ya que no se puede acreditar la posesión legal del vehículo y por tanto sería improcedente esa solicitud.

Si fueran vehículos recientes son contrabando y, por tanto, se configura la comisión de un delito, añadió Bustamante Arvizu.

Puntualizó que en el caso tanto de las Policías Federal, Estatal y Municipal están facultadas para realizar el decomiso de ese vehículo.

Agregó que se trata también de un tema de justicia social, ya que mientras esas personas no cumplen con el pago de impuestos y otras obligaciones, quienes tienen un vehículo regularizado sí están obligados a realizar todos esos pagos y son sancionados si no lo hacen o se retrasan para hacerlo.

Además -dijo-, desde el punto de vista de seguridad pública representan un riesgo, pues no se pueden tener datos sobre el propietario de un auto "chocolate”.

Los gobernantes no quiere entrarle, porque lo ven desde la afectación que tendrían en el lado político electoral, concluyó.

 COMPLICIDAD GUBERNAMENTAL

Antonio Pacheco Ortiz, presidente de la Barra de Abogados de Ensenada, señaló que se trata de un "vicio” social, que se agrava, pues cada vez son más los autos que circulan en la entidad sin cumplir con los requisitos de ley.

Se trata, dijo, de un tema en el que la complacencia de las autoridades pone en riesgo a la población, dado que el propietario de un carro chocolate puede ocasionar un daño y darse a la fuga sin hacerse responsable.

Asimismo, por esa falta de identificación se utilizan para cometer actos delictivos, señaló el abogado.

Puntualizó que los policías, tienen facultad para detenerlos por circular sin placas, pero un alto número de los agentes tienen también ese tipo de autos.

El Gobierno del Estado y los ayuntamientos tienen que cumplir con su responsabilidad y no andar solicitando listas y datos, que sólo vuelven cómplice a la autoridad al tener conocimiento de que el ciudadano está cometiendo un acto ilícito y no actúa.

Tiene que respetarse el Reglamento Municipal y la normatividad estatal y federal, porque policías y funcionarios fiscales sólo actúan en contra de quienes sí son propietarios de un auto regularizado.

LIBERACIONES SIN SUSTENTO JURÍDICO

El Gobierno del Estado ha solapado que exista esta enorme cantidad de vehículos y, además, con el engaño de querer ayudar a las personas de bajos recursos, con el programa de placas BC sólo acrecentó este problema, señaló Carlos Alba Gutiérrez, presidente del Colegio de Abogados Independientes y de Opinión Libre.

Agregó que si realmente se quisiera acabar con este problema, tanto el Gobierno del Estado como Ayuntamientos deberían revisar que sus empleados no utilicen ese tipo de vehículos, pues fuera de las comandancias y edificios gubernamentales se pueden encontrar un gran número de esos autos, que son utilizados por los funcionarios y burócratas.

Solopan, porque todos ellos no son gente pobre y podrían adquirir un auto regularizado, enfatizó.

Sobre el listado "voluntario” de autos chocolate que promovió la administración estatal, Alba Gutiérrez agregó que en ese caso ya no se solapa, sino que se genera una complicidad, pues la autoridad -Gobierno del Estado- está enterada de la comisión de un delito, de quién lo realiza y no actúa.

Refirió que otro ejemplo son los jueces calificadores que, sin ningún sustento jurídico, permiten la liberación de vehículos de los cuales no se comprueba la legal propiedad de quien ha sido infraccionado.

Ahí se da uno cuenta de la ignorancia del juez calificador, pues tendría que ponerlo a disposición de la PGR por el delito de contrabando equiparado, al igual que de los directivos policíacos, pues si se hace un reten y se detecta un carro en esas condiciones, igualmente tendría que reportarlo a la autoridad federal y fiscal, subrayó Alba Gutiérrez.

El Reglamento de Tránsito Municipal y la obligatoriedad de traer un seguro, puede ser motivo para que les quiten ese auto, pero no hay ni el conocimiento ni la voluntad política para hacerlo, concluyó el presidente del Colegio de Abogados Independientes y de Opinión Libre.