Debe ciudadanizarse la ley anticorrupción
Por Gerardo Sánchez, Periodico El Vigia|1 de Junio

Ensenada, B. C.

La legislación y el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California debe garantizar un Fiscal Anticorrupción ciudadano, autónomo -técnica y presupuestariamente-, que no sea propuesto, ni pueda ser removido por el gobernador del estado y que sea designado por el Comité de Participación Ciudadana.

Asimismo, las determinaciones o resoluciones del Comité Coordinador deben ser vinculatorias, es decir, que sean obligatorias, como lo establece el modelo nacional del Sistema Anticorrupción, demandaron integrantes de la Federación Baja California de la Coparmex.

En conferencia de prensa hablaron al respecto los presidentes de la Federación Coparmex, Armando León Ptacnik; de la Coparmex Ensenada y Mexicali, Jorge Nava Jiménez y Rodrigo Llantada Ávila, respectivamente; Francisco Fiorentini, consejero nacional; y Guillermo Rivera Millán, asesor jurídico de esa organización empresarial.

Afirmaron que la Coparmex, instituciones académicas, de profesionistas y otras organizaciones civiles elaboraron una propuesta de ley, cuya esencia es la ciudadanización del sistema, así como una serie de normas que buscan realmente sancionar, tanto al funcionario como al empresario o cualquier ciudadano que cometan un acto de corrupción.

Destacaron que en el Congreso del Estado existen diversas iniciativas, una del PAN, PRI, una del gobernador Francisco Vega y la otra que elaboraron diversas agrupaciones ciudadanas, la cual respalda y promueve la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Otro de los puntos importantes de esta última propuesta -dijeron los expositores-, es que todos los órganos de fiscalización, Contraloría, Orfis, etcétera, sean autónomos y los nombramientos de sus titulares sean también hechos por el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

Pidieron al respecto la atención y participación de la ciudadanía para que esta iniciativa sea la que prevalezca y se aplique en Baja California, ya que por su modelo y propuestas específicas sería una de las más avanzadas del país en el combate a la corrupción gubernamental y empresarial.