Empresa dañó zona protegida
Por Benjamín Pacheco, Periodico El Vigia|24 de Febrero

El rancho de la Cruz y Cañón Arce, zona de las pilitas en la parte alta del Cañón de Doña Petra, están amparados por el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico del Corredor de San Antonio de las Minas, por lo cual no se permite desarrollar nuevos caminos ni extraer materiales pétreos.

Lo anterior conforme a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 8 de septiembre de 2006, según mostraron a El Vigía los ingenieros Eduardo Soltero Marrón y Mario Sánchez Carmona, voceros del grupo Caminantes de Doña Petra.

Esto, en referencia al daño ocasionado al ecosistema debido a la entrada de maquinaria pesada para abrir camino y extraer rocas.

De acuerdo a los lineamientos ecológicos aplicables que marca el programa referido, está prohibida "la edificación de equipamiento e infraestructura"; y el "desarrollo de nuevos caminos que generen fragmentación de los ecosistemas".

Tampoco deberán realizarse nuevos caminos o brechas vecinales sobre bordes de arroyos y áreas de alta susceptibilidad a derrumbes y deslizamientos, y sólo se permite la extracción del agua, suelo, arenas o materiales pétreos para autoconsumo.

Derribaron 18 encinos; empresa ganó contrato de API

Los voceros también remarcaron que en total fueron derribados 18 encinos adultos, además de otros árboles jóvenes como pinos y cipreses; también que en caso de ignorar los decretos, el área sería devastada por góndolas y estarían en riesgo especies como venado, zorro, zorrillo, lince, coyote, conejos, y diferentes aves.

"La empresa responsable se llama CONSEER, S.A. De C.V., y obtuvo un contrato de la API para la ampliación de un rompeolas. En el estudio del impacto ambiental de la API fueron señalados seis sitios: El Tigre, Rancho Verde, Ejido Ruiz Cortínez, Propetsa (banco de material existente en San Miguel), Pacífico (otro banco) y Eréndira.

"Jamás se mencionó en ese estudio el pretendido banco Rancho Sierra de Ulloa, que es en el que se originó todo este problema de abrir el camino y la devastación para sacar el material", detallaron.

Agregaron que CONSEER al parecer obtuvo el permiso verbal de una propietaria, sin tomar en cuenta a los otros 17 dueños del Rancho la Cruz, para abrir el camino en un área que está protegida.

"¿Cómo contrata la API a una empresa que, de buenas a primeras, viene y destruye? ¿Cómo presume que es un puerto verde con esto?", cuestionaron.

Agregaron que la idea de hacer público el asunto es para que la gente sepa que están trabajando con las autoridades para proteger el lugar, además de que están asesorados legalmente.