Reactivan juicio contra Pelayo
Por Gerardo Sánchez/EL VIGÍA, Periodico El Vigia|11 de Febrero

El Congreso del Estado reactivará la solicitud de juicio político contra el ex alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, informó ayer el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides. Asimismo, se analizará enjuiciar al ex presidente municipal de Mexicali, Francisco Pérez Tejada.

Las acusaciones en contra de Pelayo Torres en el juicio político es por negociaciones ilícitas, abuso de autoridad, tráfico de influencias y coalición de funcionarios.

La solicitud de juicio político contra Pelayo Torres fue presentada el 27 de marzo del 2014 por Félix Ojeda Ortega, síndico social, pero la Comisión Jurisdiccional que presidía el diputado Armando Reyes Ledesma consideró que la petición no cumplía con la formalidad, pues Ojeda Ortega "era funcionario y no ciudadano".

De acuerdo a la argumentación de Reyes Ledesma la denuncia tenía que ser de un ciudadano y el Síndico Social era funcionario y por ello perdía su carácter de ciudadano.

Cardona Benavides señaló que ese argumento ya fue analizado por diversos juristas del Congreso y abogados externos y se dictaminó que el Síndico Social de Ensenada no perdía su carácter de ciudadano y por tanto estaba facultado para solicitar el juicio político contra Pelayo Torres.

El legislador de extracción panista dijo que la procedencia de la solicitud no significa aún que vaya a proceder el juicio político, simplemente que ahora sí la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados está facultada para revisar si existen elementos para iniciar ese proceso.

De acuerdo a Cardona Benavides existen las pruebas suficientes para que avance la petición, ya que los datos y documentos aportados son los mismos que sustentan la denuncia penal presentada en contra del ex presidente municipal de Ensenada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

¿Qué es el juicio político?

De acuerdo a la Constitución Política de Baja California un gobernante de elección popular, ya sea en funciones o que no haya cumplido un año de haberse separado del cargo, puede ser sujeto del juicio político.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Dicha sanción puede aplicarse contra quienes ya no estén en el cargo.

Para la aplicación del juicio político el Congreso del Estado, a través de una comisión de su seno instruirá el procedimiento respectivo que concluirá en proposiciones concretas sobre la responsabilidad del inculpado previa audiencia de éste.